Tradicionalmente, la sociedad ha tendido a aislar y a segregar a las mujeres con
discapacidad, y a pesar de los logros y avances obtenidos en los últimos años, este tipo
de discriminación (sutil a veces) sigue representando un problema grave y alarmante. Pero, al contrario de lo que ocurre con otro tipo de grupos vulnerables o que sufren
discriminación, las mujeres con discapacidad carecen generalizadamente de recursos o
dispositivos legales eficaces para eliminar y corregir dichas conductas discriminatorias. Se enfrentan continuamente a dichas circunstancias, que se evidencian en
cotas mayores de desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud,
mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a los programas y servicios
dirigidos a mujeres en general, mayor riesgo de padecer situaciones de violencia y todo
tipo de abusos, etc., realidad que se agrava por la existencia de normas y políticas que
fomentan la dependencia y por la dificultad de introducir modificaciones en los hábitos
preexistentes. De igual modo, las mujeres con discapacidad soportan aún con más
crudeza que los varones con discapacidad, la persistencia de prejuicios, estereotipos e
ideas recibidas, generalizados en todos los ámbitos, que distorsionan la imagen social y
la percepción normalizada de este grupo humano.
Datos procedentes de distintos censos, encuestas y de los escasos estudios existentes,
prueban que las mujeres con discapacidad, como grupo, ocupan un estatus inferior en
nuestra sociedad, encontrándose en una situación de enorme desventaja social,
económica, educativa y profesional. En las tablas estadísticas extraídas de la Encuesta
de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, desarrollada por el INE en 1999 con
la colaboración del IMSERSO y la Fundación ONCE. Se puede observar que de las
2.030.397 mujeres con discapacidad que existen en nuestro país 659.329 se encuentran
en edad de trabajar; de ellas, sólo 104.568 trabajan (el 15,86%) y 51.762 están paradas.
El resto, es decir, 502.999, por razones muy diversas, nunca se han planteado acceder al
mercado de trabajo.
La explicación a esta diferencia en las tasas de paro y actividad de la población
discapacitada en función del sexo de los individuos se debe, como en los casos de
desigualdad vistos en la población general, a problemas de jerarquización social.
Problemas no resueltos, desde el punto de vista de los sexos, cuando se han intentado
equilibrar la desigualdad existente entre la población no discapacitada y la población
discapacitada, clasificada socialmente en un plano inferior.
Esto, aunque ya es palpable en el colectivo de las personas discapacitadas, podría ser
solucionado mediante una actuación conjunta de las instituciones responsables de
diseñar la política de integración laboral y las entidades encargadas de implementar esas
medidas políticas, sean estas instituciones: organismos públicos, privados o sin ánimo
de lucro. Todavía se está a tiempo de tener en cuenta estas diferencias de género en el
desarrollo de nuevas medidas de política de integración laboral, para así conseguir la
integración plena de las personas discapacitadas. Esta integración plena no sólo supone
la equiparación con el resto de la población, además debería suponer la equiparación en
cuanto a género.
Pero para alcanzar estas metas debe tenerse un mejor conocimiento de la envergadura
del problema de las personas discapacitadas y de las variables que pueden influir en
mejorar o empeorar la situación.
Las mujeres con discapacidad forman un grupo social aislado e invisible, que se
enfrenta a todo tipo de restricciones y limitaciones, que ha estado sometido a una larga
historia de tratamientos desiguales y que nos vemos relegadas a una posición de
impotencia política, debido a circunstancias que están fuera de nuestro control y que son
resultado de estereotipos y prejuicios que merman nuestra capacidad de participar y
contribuir a la sociedad en la que vivimos.
La existencia continuada de discriminaciones y prejuicios injustos e injustificados priva
a las mujeres con discapacidad de la oportunidad de competir en condiciones de
igualdad, así como de aprovechar las oportunidades de las que goza cualquier persona.
Los ámbitos de necesidades y demandas de las mujeres con discapacidad coinciden con
aquellos campos en los que es más urgente y necesario desplegar una actividad intensa
que haga realidad la equiparación de derechos y la igualdad de oportunidades de estas
mujeres con el resto de la ciudadanía.
Atendiendo a la realidad social y a la situación objetiva de las personas con
discapacidad, la atención se encuentra preferentemente en aquellas esferas que generan
más factores de exclusión para las mujeres, determinando un menor grado de desarrollo
personal y social y unas menores posibilidades de acceso normalizado a los derechos,
bienes y servicios de la comunidad.
Las necesidades y demandas preferentes de las mujeres con discapacidad son:
La no discriminación y la igualdad de oportunidades. Las mujeres con discapacidad,
globalmente consideradas, siguen sufriendo discriminaciones por razón de género y de
discapacidad, hechos que suponen una vulneración de los derechos que debe tener
garantizados toda persona, con independencia de sus circunstancias.
Respecto a la salud, las mujeres con discapacidad tienen numerosas barreras para
acceder a la planificación familiar y a la asistencia a la reproducción, todo ello sin tener
en cuenta las necesidades de control de tales situaciones por parte de las propias
usuarias. Es necesaria la sensibilización y formación del personal médico-sanitario
sobre la atención específica a las mujeres con discapacidad cuando hacen uso de los
servicios sanitarios.
En relación al problema de la violencia de género, se ha constatado que la
confluencia de factores como el género y la discapacidad convierte a las mujeres con
discapacidad en un grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato; las cifras
que actualmente se barajan en Europa refieren que aproximadamente un 40% de las
mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia. Actualmente los
grupos políticos, los organismos de igualdad y la sociedad en general son cada vez más
conscientes de la existencia de violencia contra las mujeres, por lo que se han
aumentado los programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las mujeres que 5
han sufrido cualquier tipo de agresión. Sin embargo, duchos programas no han tenido en
cuenta las peculiaridades que plantean las mujeres con discapacidad, convirtiéndose en
inaccesibles para ellas.
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